Amazon usa su propia app para pedir a los neoyorquinos que frenen la ley de reparto

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Amazon muestra desde el 19 de noviembre un aviso en su web y en su aplicación a clientes de Nueva York: «El Concejo podría añadir hasta 5 dólares por pedido». La empresa pide a los compradores que contacten con sus concejales para frenar la Intro 518, un proyecto que obligaría a licenciar las instalaciones de última milla y a contratar directamente a los repartidores.

Repartidor con camiseta azul y negra de Amazon camina por una calle con dos cajas de cartón, junto a una furgoneta de reparto.

El jueves 19 de noviembre, quien abriera la aplicación de Amazon en Nueva York se encontró con un mensaje que no hablaba de ofertas ni de plazos de entrega. Un cartel vertical advertía: «ATTENTION NYC Council could add up to $5 per order», con un botón «Act now». La misma advertencia aparecía en la web, en una versión más pequeña dentro de la página de confirmación de pedido, y como ventana emergente en la aplicación. Amazon confirmó ese día que el aviso se refería a la Introduction 0518-2026, conocida como Delivery Protection Act, y que calculaba un sobrecoste de hasta 5 dólares por pedido si la norma salía adelante.

No es la primera vez que Amazon se posiciona sobre una ley. Lo nuevo es el canal: utilizar el escaparate de compra, y no una nota de prensa o un anuncio, para movilizar a sus clientes contra un proyecto del Concejo de Nueva York. Al pulsar, el usuario llega a una página para escribir a su concejal y lee el argumento de la empresa: si se aprueba la ley, dejaría de trabajar con las más de 40 pequeñas empresas de reparto que operan en la ciudad y estudiaría trasladar parte de sus operaciones fuera de Nueva York.

Qué propone la Intro 518

El proyecto, presentado el 12 de febrero de 2026 por la concejala Tiffany L. Cabán y respaldado por 35 miembros del Concejo, no menciona a Amazon por su nombre. Regula las instalaciones de «última milla»: naves y almacenes desde los que se clasifican y reparten paquetes hasta el consumidor final. Su texto obliga a estos operadores a obtener una licencia municipal, con una tasa anual de 500 dólares por ubicación y una validez de dos años, y establece condiciones de seguridad, formación y empleo.

El punto que más afecta al modelo de Amazon es el artículo 20-566.3. La norma exige que los trabajadores que prestan servicios esenciales de almacén y reparto sean empleados directos del operador de la instalación y prohíbe contratar a terceros, incluidas agencias de personal o subcontratas, para esas tareas. También obliga a ofrecer a los trabajadores subcontratados la posibilidad de ser recontratados antes de buscar personal nuevo. El régimen de empleo directo entra en vigor doce meses después de la aprobación, con posibles extensiones para contratos ya firmados.

El texto añade obligaciones de registro de repartidores, formación anual de al menos seis horas, aviso de despido con 30 días de antelación —salvo falta grave—, protección frente a represalias y acceso a remedios para los trabajadores. La licencia puede suspenderse o revocarse por incumplimientos reiterados de la normativa laboral, de seguridad vial o de protección del consumidor.

Un proyecto con respaldo político y sin votación

La Delivery Protection Act cuenta con el apoyo del alcalde, Zohran Mamdani, que la respaldó públicamente en agosto y la presentó como una forma de acabar con un modelo de subcontratación que, a su juicio, permite a las grandes empresas eludir responsabilidades. También la apoyan el sindicato Teamsters y varias organizaciones laborales. Amazon se opone desde abril, cuando presentó testimonio ante la comisión de Consumo y Protección de los Trabajadores.

A 20 de noviembre, el expediente oficial figura como «laid over in committee»: el texto sigue en la comisión y no se ha convertido en ley. Eso no impide que la empresa haya empezado a movilizar a sus clientes antes de una eventual votación. La campaña tampoco explica cómo se obtiene la cifra de 5 dólares por pedido; Amazon la presenta como una estimación de lo que podría costar el cambio, no como una tarifa aprobada.

Qué hay detrás del aviso

El mensaje no aparece a cualquier visitante. Según la observación recogida por la prensa tecnológica, el cartel se muestra a usuarios con la sesión iniciada en Amazon, y la empresa no ha detallado si segmenta por la dirección guardada en la cuenta, por la ubicación del dispositivo u otro criterio. Esa opacidad es relevante: un aviso político dirigido a clientes de una ciudad concreta combina la comunicación comercial con la movilización cívica, sin que el usuario sepa necesariamente por qué lo recibe.

Amazon ya había utilizado su infraestructura para campañas internas, pero llevar el mensaje a la página de compra es un paso distinto. La empresa controla el diseño, el momento y el público del aviso; el cliente no elige verlo. Para los comercios que dependen de la plataforma, también plantea una pregunta incómoda: qué espacio queda entre la experiencia de compra y el interés político del intermediario.

Qué significa para el comprador y para la ciudad

Para quien compra en Amazon, el aviso no cambia ninguna tarifa hoy. La ley no ha sido aprobada y el sobrecoste de 5 dólares es una previsión de la empresa. Si el proyecto sale adelante, el cambio afectaría sobre todo a la relación laboral de los repartidores y a la estructura de las empresas de reparto que operan en la ciudad, no a un impuesto directo sobre cada pedido.

Para la ciudad, la norma pondría a prueba un modelo que hasta ahora se ha regulado por la vía de las licencias y las condiciones laborales. El texto exige que el operador de la instalación responda de las condiciones de quienes reparten, en lugar de delegarlas en una cadena de subcontratas. Es una diferencia jurídica importante: la responsabilidad deja de depender del contrato entre empresas y se traslada al titular de la licencia.

Lo que ocurra próximamente depende del Concejo. Si la comisión levanta el texto y se vota, Amazon ya tiene a su audiencia informada. Si no, la campaña habrá servido para medir hasta dónde puede llevar una plataforma de comercio su pulso con la administración local.

Fuentes

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